¡Vuelve el tema Picachos! Ordenan a Rocha Moya reponga los bienes de comuneros tras fallo judicial
Mazatlán, Sinaloa.- El Gobierno del Estado de Sinaloa está obligado a hacer la reposición de bienes que les fueron quitados a distintas familias comuneras tras el inicio de la construcción de la presa Picachos en 2007, y tras un amparo emitido en el 2010 por algunas familias, no fue hasta el 2022 cuando se dio una resolución en favor de ellos.
Así lo reveló Alma Angélica Barraza, quien es abogada y representante legal de las familias comuneras que iniciaron el proceso jurídico en ese entonces, quien en rueda de prensa volvió a retomar el tema del asunto jurídico de la presa, y quién aseguró que finalmente se dió una orden el año pasado dónde un juez del Décimo Distrito Federal concede la suspención definitiva tras el amparo 738/2010, y sus acumulados 640 del 2011 y 2014.
En ese sentido, la abogada comentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el amparo 795/2022, concede y confirma la resolución del juez del Décimo Distrito para que Gobierno del Estado haga la reposición de tierras o bien, pague monetariamente ya que las comunidades quedaron bajo el vaso de la presa.
“Esos tres amparos fueron acumulados en uno solo, y se nos concedieron para los efectos de que no se le privara definitivamente de las tierras a mis representados, y además le ordenaba Gobierno del Estado, le ordena el juez de Distrito al gobernador de Sinaloa que se haga la reposición de los bienes que en este caso serían las parcelas que indebidamente y legítimamente les han estado cuarteando sus derechos de usufructo”, comentó.
Angélica Barraza prosiguió su discurso señalando ahora al Gobierno Federal, ya que el pasado 11 de agosto 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López, emitió el decreto expropiatorio de la presa Picachos para proseguir con los trabajos pendientes como distritos de riego, hidroeléctrica y potabilizadora, lo cual calificó de arbitrario, ilegal y abusivo ante los asuntos jurídicos que se tenían sobre la mesa, por lo que se tuvo que actuar con el Amparo 734/2023, y se detuvo dicho decreto de expropiación con una resolución definitiva por el mismo Décimo Distrito y se le abrió un incidente de incumplimiento a las figuras del presidente de México y el titular de la Sedatu.
¿CUÁNTO SE TIENE QUE PAGAR COMO REPOSICIÓN?
En cuánto al monto a restituir en favor de las familias de los comuneros, la abogada externó que se habla por encima de los 100 millones de pesos, indicando que son recursos que probablemente no se tienen a la mano o presupuestados para cumplir con la orden judicial, por lo que de no pagar, se estarán embargando bienes del Gobierno del Estado y municipales.
“Ya no es si el gobernador del Estado quiere y se le antoja o se le pega la gana de pagar, ahorita ya es que tienes que pagar, y si él no paga pues voy a pedir embargos de bienes del Estado y del municipio, sería Jumapam, de la Japac, hidroeléctrica, o podemos pedir el distrito de riego, podemos pedir muchas cosas del estado; estamos hablando ahorita de que es aproximadamente unos cientos de millones de pesos; no tengo el dato preciso porque se tienen que actualizar los avalúos”, comentó.
Angélica Barraza detalló que las hectáreas que están en litigio son 146, y son 2 los comuneros que todavía sobreviven desde la construcción de la presa y el resto son las familias de los fallecidos, los cuales aseguró tienen el derecho de reclamar el monto por sus tierras.
Indicó que en el 2014, el avalúo de tierras por hectárea estaba casi en 2 millones de pesos, sin embargo, comentó que la administración de Quirino Ordaz Coppel actuó de una manera irresponsable al dejar el tema sobre la mesa y esperar a que los avalúos incrementaran.
Por último, la abogada reveló que Gobierno del Estado la contactó para negociar la situación jurídica, queriendo imponer un avalúo de 13 mil 500 pesos la hectárea de tierra de los comuneros que iniciaron el proceso legal, detallando que el precio de las tierras por hectárea en las comunidades cercanas como El Recodo, están por encima del millón de pesos.
Concluyó que en caso de que el gobernador, Rubén Rocha Moya no actúe y acate el resolutivo jurídico, el asunto se iré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de ser quitado del cargo como mandatario estatal en caso no cumplir con lo establecido.
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Con información de LosNoticieristas
